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CITAS DOCTRINARIAS

Diferencias entre acción pauliana y simulatoria

[Cuando un acreedor constata la existencia de un negocio jurídico que elimina o disminuye la solvencia de su deudor se enfrenta con una serie de indicios que son comunes a la acción pauliana y a la acción simulatoria. Básicamente, ello es así porque es un tercero ajeno a dicho negocio y porque uno de los requisitos de la pauliana, cuando el negocio cuestionado es a título oneroso, es que el cocontratante del deudor sepa que éste cae en la insolvencia, lo que implica la existencia de alguna suerte de relación cercana entre ellos, situación que es también indicio de simulación.

Claro que entre los negocios que pueden ser atacados por una u otra acción existe una diferencia esencial, a saber: en la pauliana debe ser un negocio real, querido, válido y eficaz] (Gamarra, Jorge Luis. “Tutela preventiva del crédito” en Obligaciones y Cuasicontratos. Pág. 251), mientras que en la simulatoria dicho negocio es por definición no querido o sin causa y, por ende, absolutamente nulo e ineficaz ab initio y permanentemente] (Gamarra, Jorge. T.D.C.U. Tomo XIII, págs. 23-33 y pág. 103).

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LÍNEA JURISPRUDENCIAL

No procede aumento de salario a funcionarios públicos por reajuste si no hay presupuesto de tesorería que lo avale

El artículo 225 reza textualmente: “Las Juntas Departamentales solo podrán modificar los proyectos de presupuestos para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa”. “Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas…”.

Y bien, en dicha oportunidad y tal como emana de fs. 17 a 19 de las actuaciones, el Tribunal de Cuentas observó el proyecto de presupuesto, observaciones entre las que cabe destacar: “6º) que asimismo, los gastos que se comprometan en el correr de cada Ejercicio deberán mantener una razonable relación con las reales recaudaciones que se operen en los mismos”. Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Constitución, los salarios deben estar determinados en la Norma Presupuestal, por lo que además de un límite máximo (IPC) deberá agregarse un parámetro objetivo, por ejemplo las disponibilidades de Tesorería, para determinar cuál será el porcentaje de aumento en cada oportunidad”.

Aceptadas las observaciones del Tribunal de Cuentas, el Decreto 25/1995 da una nueva redacción al decreto 22/1995, disponiendo que los sueldos de los funcionarios municipales reajustarán según el incremento del IPC del cuatrimestre anterior, de acuerdo a la disponibilidad de Tesorería.

Los aumentos salariales entonces, están limitados a la disponibilidad de Tesorería. Siendo el concepto “disponibilidad de Tesorería”, eminentemente técnico, resultaba medular en la especie la realización de pericia. En efecto, la prueba pericial cobra especial relevancia en la especie, como medio idóneo, apto o conducente, sin perjuicio de las restantes probanzas incorporadas a la causa y en particular, sin desmedro de la consideración unitaria del cúmulo probatorio (Tribunal de Apelaciones en lo Civil Sexto Turno, 6 de mayo de 2019, 73-2019).

En el mismo sentido se ha señalado que no hay vulneración en no aumento salarial a funcionaria pública si ello estaba condicionado al presupuesto de tesorería. La accionante sostuvo que a partir de mayo de 2002 dichos aumentos no fueron otorgados conforme a derecho, pretendiendo con ello la vulneración de lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución de la República. En efecto, de acuerdo al artículo 222 de la Carta, se aplican al Presupuesto Departamental en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 86, 133, 214, 215, 216 y 219.

Por su parte, el artículo 225 reza textualmente: “Las Juntas Departamentales solo podrán modificar los proyectos de presupuestos para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa”. “Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas…”.

Y bien, en dicha oportunidad y tal como emana de fs. 225 a 228 de las actuaciones, el Tribunal de Cuentas observó el proyecto de presupuesto, observaciones entre las que cabe destacar. Asimismo, los gastos que se comprometan en el correr de cada Ejercicio deberán mantener una razonable relación con las reales recaudaciones que se operen en los mismos”.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Constitución, los salarios deben estar determinados en la Norma Presupuestal, por lo que además de un límite máximo (IPC) deberá agregarse un parámetro objetivo, por ejemplo las disponibilidades de Tesorería, para determinar cuál será el porcentaje de aumento en cada oportunidad”.

Aceptadas las observaciones del Tribunal de Cuentas, el Decreto 25/1995 da una nueva redacción al decreto 22/1995, disponiendo que los sueldos de los funcionarios municipales reajustarán según el incremento del IPC del cuatrimestre anterior, de acuerdo a la disponibilidad de Tesorería. Los aumentos salariales entonces, están limitados a la disponibilidad de Tesorería (Tribunal de Apelaciones en lo Civil Sexto Turno, 11 de setiembre de 2019, 180-2019).

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