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NOTICIAS

Estudio revela que procesos por faltas se inician mayoritariamente por comunicación policial

Casi el 67% de los procesos por faltas en el año 2018 fueron remitidos por seccionales policiales. El 30% llegaron desde las intendencias, el 2 % llegó a través de Policía Caminera y el 0,1% se presentó directamente en el juzgado. Así lo revela el "Estudio sobre procesos concluidos en materia de faltas en el año 2019", elaborado por el …

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CITAS DOCTRINARIAS

Exoneración total o parcial por hecho de la víctima

[Cuando el comportamiento de la víctima participa en la producción del daño, el ofensor queda exonerado de responsabilidad, totalmente (si el hecho de la víctima es la única causa del daño) o parcialmente (si en la producción del evento dañoso concurren, participando por igual o en diversas proporciones, tanto el hecho del ofensor, como el de la víctima).

Por consiguiente, el análisis de la conducta de la víctima en la producción del daño tendrá importantes consecuencias en el plano de la reparación, al excluir por completo la obligación indemnizatoria o reducir su monto] (Gamarra, Jorge. “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XIX, págs. 334 y 336).

[La doctrina nacional pacíficamente ha señalado que, cuando el comportamiento de la víctima participa en la producción del daño, el ofensor queda exonerado de responsabilidad, totalmente (si el hecho de la víctima es la única causa del daño) o parcialmente (si en la producción del evento dañoso concurren, participando por igual o en diversas proporciones, tanto el hecho del ofensor como el de la víctima). Por consiguiente, el análisis de la conducta de la víctima en la producción del daño tendrá importantes consecuencias en el plano de la reparación, al excluir por completo la obligación indemnizatoria o reducir su monto] (Gamarra Santa Cruz, R. “Culpa o hecho de la víctima”. ADCU. T. XXIII. Págs. 687 y sgtes.).

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LÍNEA JURISPRUDENCIAL

Responsabilidad de la Administración por acoso laboral

En materia netamente laboral, aunque la ley no lo señala expresamente, se rechazan todo tipo agresiones de las cuales pudieren ser víctimas los trabajadores incluidas todas aquellas actuaciones que hemos descrito como Acoso, puesto que como explicamos dichas conductas constituyen un incumplimiento grave de las prestaciones a que obliga el contrato de trabajo (el deber general de protección)’. ‘Del mismo modo afirmamos que deben repararse otros daños que hayan derivado de los malos tratos de los que fue víctima el trabajador, ya no sólo los materiales, ni las enfermedades que le ocasionaron esos tratos, sino también creemos que debe reparase aquel sufrimiento padecido a causas de estas verdaderas torturas a las cuales se vio sometido la víctima…’ (Cfm. Universidad Católica de Temuco. Escuela de derecho. El Acoso Psicológico en el Trabajo. Su Trato y Reconocimiento por el Derecho Chileno. Profesor Guía: Luís Iván Díaz García. Alumno: Marcela Andrea Jefferson Cerda Fecha: 2 de noviembre de 2004, TAT 1er S 58/2007).

En efecto, debemos recordar con GAMARRA que “el Estado responde por el hecho de sus funcionarios, incluso en los casos de desviación de poder o abuso” (Trat..T. XX 2ª Edición, Mdeo. 2003, págs. 275 y ss. y 297 y ss.) Y como señalara SAYAGUÉS (Tratado…, t. I, p. 449/452) en el acto que adolece de desviación de poder falta el fin propio del servicio que constituye uno de sus elementos esenciales. Generalmente el vicio está oculto ante una apariencia de legalidad, porque la Administración procura que no trasluzca su verdadera intención. No obstante se logra ponerlo en evidencia, porque casi siempre quedan rastros en la documentación administrativa. Los fines espurios perseguidos pueden ser de dos clases: extraños totalmente al servicio o de interés público pero ilícitos. El primer caso se configura cuando actuó impulsado por interés propio, o de tercero, por espíritu de venganza, por razones políticas, etc. La segunda hipótesis surge cuando, persiguiendo fines de administración se pretende eludir la aplicación de una Ley o determinada finalidad u obtener cierto resultado por vía indirecta.

En definitiva, para el progreso de su pretensión, la parte actora debía probar que la Administración traspasó los límites de su discrecionalidad, particularmente la razonabilidad, incurriendo así en abuso de poder así como debía acreditarse en autos que los funcionarios mencionados actuaron en la especie con fines espurios, esto es, con fines extraños a la Administración, extremo requerido para que exista desviación de poder (SAYAGYUÉS, op. cit., p. 451 y ss).

En autos, no existe un sólo testigo que haya presenciado directamente ningún hecho que importe hostigamiento laboral; nadie hizo referencia a nada en ese sentido y de sus declaraciones ni indicios se pueden extraer en ese sentido. El esfuerzo argumental de la apelante pierde fuerza cuando se advierte que nada tiene que ver el hecho de que la actora sea considerada una funcionaria de excelencia, porque de lo que se trata en este juicio es de demostrar acoso laboral y no de un concurso de méritos. Tampoco la conducta de la actora que resolvió abandonar el trabajo, consentir lo actuado en Sede Administrativa y permitir que cesara el vínculo laboral sin alegar ningún motivo o adoptar conducta de tipo alguno que resistiera lo en definitiva resuelto no tiene explicación. La declaración del médico tratante tampoco la da y la existencia de lo que ella le relata no alcanza por el sólo hecho de haberlo manifestado en el consultorio cuando se da de bruces con la prueba diligenciada en autos. No se le puede asignar otro peso probatorio, no se trata de una pericia con sus características.

Por otra parte la prueba ofrecida en la apelación es extemporánea y no procede su diligenciamiento (debió ser pedida en la demanda). La argumentación de la recurrente en el sentido hipotético (que hubiera pasado si….) o respecto de los motivos (compasión por ejemplo) tampoco constituyen prueba que permita cambiar lo fallado. En suma, se comparte lo decidido y los agravios no logran desvirtuar una correcta sentencia que analizó el tema en forma por demás minuciosa (Tribunal de Apelaciones en lo Civil Segundo Turno, 20 de marzo de 2019, 37-2019).

ÚLTIMAS SENTENCIAS

Medidas cautelares penales. Aplicación de prisión domiciliaria total

La aplicación del principio de necesidad a la prisión provisional en un sistema democrático, entraña el cumplimiento de dos exigencias cuales son por un lado su excepcionalidad conforme a la cual la medida nunca puede convertirse en regla general, sino que ha de adoptarse exclusivamente cuando se cumplan los fines que la justifiquen; y por otro, es indispensable para …

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Medidas aplicables a menor adolescente infractor. Modificación o sustitución de la medida es un derecho del adolescente y solo procede a pedido de la Defensa

En la causa “AA – Juicio oral”, IUE 585 182 2018, el adolescente fue condenado como autor de la infracción grave de hurto, a la medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en la incorporación a un programa de orientación y apoyo a cargo de PROMESEM, por el plazo de ciento veinte días, con descuento de la cautelar sufrida …

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Casos de reducción o aumento de pensiones alimenticias. Rendición de cuentas a persona que administra pensión

El artículo 55 CNA es de claridad meridiana y determina cuándo los alimentos pueden ser objeto de reducción o aumento. Concretamente, establece dos situaciones en que ello es posible: “si se modifica la situación económica del deudor” o se modifican “las necesidades del acreedor”. Como se aprecia, en autos no se da ninguna de las dos hipótesis de reducción…

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Incidente liquidación de sentencia. Cuando Juez comparte las conclusiones del perito no es necesario que desarrolle las razones por las cuales coincide con el dictaminante

El derecho positivo ha establecido que la pretensión de liquidación de sentencia que condena al pago de una cantidad ilíquida tramita por la estructura incidental (art. 378 del C.G.P.), de lo que se deriva, como natural consecuencia, que la sentencia que lo resuelve tiene forma de interlocutoria (cf. CAL LAGGIARD, M. ‘Sobre la naturaleza jurídica del incidente de liquidación …

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