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CITAS DOCTRINARIAS

Licitación

[La licitación ha sido definida como un procedimiento relativo a una forma de celebración de ciertos contratos, cuya finalidad es determinar la persona que ofrece condiciones más ventajosas invitando a los interesados para que, ajustándose a las bases preparadas (pliego de condiciones) formulen propuestas, de las cuales la Administración selecciona y acepta la más ventajosa (adjudicación) con lo cual el contrato queda perfeccionado] (Sayagués Lazo. “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo I. Pág. 543).

[Dicho procedimiento se funda, para alcanzar la finalidad buscada, básicamente en los principios de igualdad de los licitantes y cumplimiento estricto del pliego de condiciones cuyas cláusulas son la fuente principal de los derechos y obligaciones de la Administración, de los proponentes y también de quien resulte contratante, debiendo cumplirse sus reglas en forma estricta, de ahí que deba contener reglas generales e impersonales que mantengan el aludido principio de igualdad de los participantes, aunque ello no excluye que puedan incluirse cláusulas estableciendo cierta preferencia a favor de determinadas categorías de licitantes] (Sayagues Laso. “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo I. Págs 553).

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LÍNEA JURISPRUDENCIAL

No es abusivo promoción de una medida preparatoria o preliminar aún cuando no se promueva el proceso principal

Corresponde relevar, por la importancia que ello tiene al momento de la decisión, que el proceso de jactancia es un proceso autónomo, preliminar, de conocimiento y declarativo (Cf. ENRIQUE TARIGO en Lecciones De Derecho Procesal Tomo II cuarta edición pagina 234). Así lo ha entendido la doctrina cuando afirmaba que el proceso regulado por arts. 299 a 304 CGP corresponde sea categorizado en naturaleza de procedimiento preliminar de carácter provocativo (Vescovi, en op. cit., t. IV p. 17 y ss., 45-46; Abal, en Curso sobre el CGP, IUDP t. II p. 60 y ss., etc.); con la consecuencia al debatirse sobre cuestiones antecedentes a las puntuales pretensiones de mérito que pudieran proponer los interesados para su despeje en el proceso principal, de que culmina mediante el dictado de sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, de conformidad con los contenidos precisos del debate sobre jactancia (arts. 195 y cc. CGP; Vescovi y colaboradores: Código Gral. del Proceso…, t. 6 p. 33 y ss., etc.).

De los términos de la demanda de jactancia, se desprende que las circunstancias y fundamentos alegados por la promotora no cumplen tales extremos, los pedidos de prueba realizados por los contrarios en Sede de Medidas preparatorias no son más que ejercicio de los mecanismos legales que la ley consagra a los justiciables y no necesariamente puede inferirse que se de lo requerido por las normas citadas. Como se dijera recientemente por parte del Tribunal (SEF 116/2016 en BJN) ….la circunstancia de que la actora en los procesos referidos no produzca prueba o que luego de deducida una diligencia preliminar no proponga la acción principal -tal como se sugiere en la demanda-, no es anómala sino razonablemente normal, ya que justamente es la propia ley quien pone toda la carga de la prueba sobre quien alega los hechos ilegítimos y porque no existe obligación legal de deducir la acción luego de cumplido el proceso previo. Y porque, asimismo, la ausencia de acreditar los hechos no es sinónimo de conducta abusiva, ni menos puede serlo la promoción de una medida preparatoria o preliminar, que ningún perjuicio causa si se cumple, aún cuando no se promueva el proceso principal, existiendo otros remedios para solucionar una eventual incerteza (ej.: proceso de jactancia, arts. 299 y ss. CGP).

En suma, por las razones expuestas y teniendo en cuenta la naturaleza de la jactancia que es excepcional debe por tanto interpretarse en forma estricta todo lo cual lleva a la confirmación de la recurrida y desestimar los restantes planteos de nulidad (Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno, 14 de noviembre de 2018, 76/2018).

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