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CITAS DOCTRINARIAS

Responsabilidad, deber y exigencia de culpa del empleador en accidente del trabajo

[Llevadas a todas las consecuencias que resultan del régimen especial, en los accidentes que ocurren en ocasión del trabajo, el hecho culposo de la víctima no tiene convocatoria legal. En situaciones amparadas al régimen legal especial, cualquiera sea el nexo de imputación del trabajo con el accidente, esto es, ya sea ocasional o ya sea causal, el único eximente de responsabilidad admisible es el hecho doloso de la víctima, y esto es así porque está expresamente establecido en el art. 9 inc. 1 de la Ley 16074.

No se advierte ningún fundamento para sostener que en los casos de reenvío al derecho común, deba tenerse en cuenta un concepto diferente de accidente de trabajo. Siendo el concepto el mismo, son iguales los criterios que deben manejarse según el accidente sea en ocasión o a causa del trabajo. Por este motivo si el accidente es en ocasión no corresponde ingresar al análisis de las concausas, lo que excrimina el análisis de las culpas concurrentes porque la imputación del accidente al trabajo es material y objetiva. En cambio si el accidente es a causa del trabajo, sí parece aceptable la consideración de las culpas concurrentes] (Babace. H. “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”. Segunda Edición. Págs. 145/146).

[Este deber de previsión está basado en la esencia misma del contrato y consiste en que el patrono ha de tomar medidas adecuadas, conforme a las condiciones especiales del trabajo para evitar que el trabajador sufra daños en su persona o en sus bienes por el riesgo propio de las tareas que cumple. Ese incumplimiento debe revestir determinada entidad. Difícil de precisar, sin duda, la gravedad del incumplimiento puede estar conformada ya sea por: a) la omisión de medidas elementales, cuyo incumplimiento apareja un riesgo para el trabajador; b) sin duda se da también en la hipótesis de tolerar o incentivar trabajos sin las debidas garantías en aras de una mayor productividad; c) por la indiferencia ante planteos o reclamos realizados por los propios trabajadores (individual o colectivamente) o de la administración del trabajo o cualquier autoridad o persona, aun en aquellas medidas de previsión y seguridad menos importantes] (Antonio Grzetich. “Accidente de Trabajo y Culpa grave”. Anales del Foro. 98-99).

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LÍNEA JURISPRUDENCIAL

Caducidad de acciones contra el Estado

1.- Gestión administrativa que no es capaz de suspender caducidad de acción contra el Estado

La exigibilidad supone la existencia del derecho y además que éste pueda ejercerse mediante la acción que lo tutela, si existe una causa jurídica que impida el ejercicio de la acción, el crédito no es exigible’” (cf. Sentencia No. 155/2009, citada en Sentencia No. 328/2010).

En consecuencia, no cabe más que compartir que, tal como fuera señalado en la atacada “…a la fecha de presentación de la demanda (20/5/2009 – nota de cargo a fs. 9 vto.) había vencido largamente el plazo de caducidad, a lo que corresponde agregar que –como también lo relevó la sentenciante de primera instancia- la gestión promovida en octubre de 2007, aun cuando se entendiera vinculada con el objeto del presente e independientemente de que cumpliera con los requisitos establecidos en el art. 376 inc. 6o. de la Ley No. 12.804, carece de eficacia para suspender el transcurso del referido plazo porque se inició ya vencido el cuatrienio” (fs. 321 vta./322, Considerando IV) (Suprema Corte de Justicia, 29 de agosto de 2011, 3167-2011).

2.- Artículo 39 de la Ley No. 11.925 no efectúa distinciones según la naturaleza del crédito o reclamación de que se trate

En el subexamine y, partiendo del material fáctico relevado por la Sala, cabe concluir que la caducidad prevista en el art. 39 de la Ley No. 11.925 -al momento de promoverse la demanda-, ya había operado.

En síntesis, como sostuvo el redactor en discordia a Sentencia No. 4672/2010 “Admitir que la prolongación en el tiempo de una situación dañosa, cuando es tolerada por el actor, en casos en los cuales como en el de autos, nada le impedía accionar, incida en el cómputo del plazo de caducidad implica,…arribar a conclusiones incompatibles con el fundamento mismo del instituto de la caducidad y con el principio de seguridad jurídica (“Caducidad de las reclamaciones contra el Estado”, Dras. Andrea Yelpo y Elsa Cabral, en Noveno coloquio de Derecho Público. Homenaje del Centro de Estudios de Derecho Público al Profesor Héctor Gros Espiell, pág. 197)”.

Por que la caducidad, implica y se fundamenta en razones de orden público y de certeza jurídica, y la norma establecida en el artículo 39 de la Ley No. 11.925 no efectúa distinciones según la naturaleza del crédito o reclamación de que se trate, al referirse expresamente a todos los créditos (Suprema Corte de Justicia, 23 de julio de 2012, 1610-2012).

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